La Junta de Castilla y León, dirigida por el Partido Popular, ha querido apostar por la sanidad privada y el órdago le ha venido chico. Bajo sus sueldos millonarios, los técnicos y políticos responsables han dejado en la estacada a cientos de enfermos que deben tomar medidas drásticas. De poco valen y han valido sus quejas, pancartas y manifiestos. Es el momento de que reclamen, de que apoyados por la sociedad abulense demuestren frente a la Delegación Territorial de la Junta que no pueden jugar con sus vidas, que en el fondo es lo que se está haciendo.
Trabajar es lo que cabía hace unos meses, cuando comenzó a gestarse esta crisis. Soluciones es lo que se requiere de forma inmediata. Y responsabilidades es lo que deben depurarse entre unos políticos cuyos partidos les buscarán otros sillones que ocupar y otras arcas públicas de las que vivir.
Apenas han pasado dos años desde que el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto (ahora en plena campaña de marketing para que su imagen no se vea empañada por la crisis) se subía a una palestra en el pabellón de San Antonio arropado por Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, y el señor Francisco José Sánchez. Un momento en el que, banderines del PP al aire, afirmaban ser la solución para Ávila. Dos años después sentencian a muerte a la sanidad abulense.
No puede esconder más la sociedad abulense su enfado ante la situación que se está viviendo. Si es el tiempo de hablar, si es el tiempo de actuar. Las excusas no sirven y el tiempo de margen está agotado.

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